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Alicante objeta a Ciudadanía

FOTO JUAN CARLOS SOLER
ALICANTE. La asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) no se impartirá en la Comunidad hasta el próximo curso, y será en inglés. Sin embargo, los padres de la provincia de Alicante se han revelado como los más activos en la movilización contra la obligatoriedad de la materia por encima de las acciones legales emprendidas en Andalucía o la «cobertura» dispensada a los objetores por la Comunidad de Madrid o la Región de Murcia.
Según la plataforma «Por una educación en libertad», sólo se han organizado campañas informativas en tres municipios, incluida la capital de la provincia, pero la respuesta ha sido espectacular: más de 2.100 firmas, sin contar las que hayan podido sumarse tras el fallo del Tribunal Superior de Andalucía (TSJ-A), que ha actuado como revulsivo.
A la cabeza de la campaña de recogida de firmas para objetar a partir del próximo curso se encuentra el colegio CEU Jesús María de Alicante. Sólo entre los padres de alumnos del centro se han recogido 350 de las 2.100 firmas. El dato es más revelador aún si se tiene en cuenta que al colegio asisten los hijos de unas 1.200 familias. Es decir, a un año de su aplicación, ya ha objetado a EpC un 30 por ciento del censo del colegio.
«No me gustan ciertas cosas»
No obstante, algunos padres del centro tratan de mantenerse al margen de la controversia. Cuando oyen hablar de la campaña de objeciones, alegan la «prisa» por llevar a sus pequeños a clase, y evitan pronunciarse. Otros, en cambio, no tienen problema en admitir que han objetado o lo harán a corto plazo: «aún no he objetado, pero pienso hacerlo». Una madre, que lleva a su hijo pequeño, cuenta que tiene otros dos en edad de estudiar EpC, y que «no me gusta cómo se explican ciertas cosas».
La sentencia del TSJ-A parece haber renovado las energías de los integrantes de la plataforma, entre los que se cuentan también la federación de asociaciones de padres de alumnos Concapa o el Foro de la Familia. El portavoz del Foro en Alicante, César Casimiro -que trabaja, precisamente, en el CEU Jesús María- explica que el problema radica en la condición de materia obligatoria de la asignatura.
Casimiro considera que el TSJ-A refrenda la postura de la plataforma en dos cuestiones «fundamentales». La primera, «reconoce el derecho de los padres a objetar». La segunda, en la que se basa toda su iniciativa, es que «recoge que la Ley establece la formación en valores, y ahí es donde se vulneran los derechos de los padres». «El relativismo laico es perfectamente legítimo, siempre que no se imponga», sentencia.
Hasta abril
Del respaldo con que cuenta la iniciativa en la provincia alicantina da buena cuenta el desglose de las firmas. Del total, unas 1.400 han sido recogidas entre padres cuyos hijos asisten a escuelas concertadas, mientras más de 800 provienen de la escuela pública (menos sensible a las reivindicaciones de la plataforma).
Entre los municipios, al margen de la capital, destacan por su activismo Albatera (200 firmas), Aspe (306) o Villena (100). Precisamente, aquellas localidades en las que se han llevado a cabo acciones informativas. Otros municipios en los que no se ha desarrollado la labor, sin embargo, han empezado a registrar objeciones, como Elche o Benidorm (entre 30 y 40 firmas).
Según el responsable de Concapa en Alicante, Antonio Garrido, «donde hay información, los padres ejercen su derecho». Un derecho que podrán ejercer hasta la segunda quincena de abril, cuando las firmas recogidas se presentarán ante la Conselleria de Educación.
El fallo del TSJ de Andaludía ha reavivado la campaña de objeciones en una de las provincias más activas, que suma ya más de 2.100 firmas _ En el colegio CEU Jesús María ya objeta el 30% de las familias